¿Qué son las declaraciones de ausencia y de fallecimiento?

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Según nuestro Código Civil, la personalidad jurídica, es decir, el reconocimiento de una persona como sujeto de derechos y deberes, se obtiene una vez que se produce el desprendimiento completo del seno materno y se extingue cuando se produce el fallecimiento. Pero, en ocasiones, una persona desaparece sin dejar rastro, no pudiéndose corroborar su fallecimiento.

Para estos casos, nuestro ordenamiento jurídico presenta dos instrumentos: la declaración de ausencia y la declaración de fallecimiento.

La declaración de ausencia

La declaración de ausencia se encuentra regulada en el Libro I, Título VII del Código Civil, lo que se corresponde con los artículos 181 y siguientes. Sería ausencia aquella situación en la que se desconoce el paradero de una persona, existiendo dudas sobre su permanencia o no con vida.

Los plazos para determinar que una persona se encuentra ausente dependen de si ésta dejó a alguien a cargo de la gestión de sus bienes. En caso positivo, el plazo será de tres años desde su desaparición. En caso contrario, será de un año. Además, si ha transcurrido un año desde las últimas noticias de la persona desaparecida, el fallecimiento, caducidad o renuncia justificada del administrador determina la ausencia legal.

Por lo que respecta a las personas que solicitan la declaración de ausencia, debemos distinguir entre quienes pueden solicitarla y quienes están obligados a ello:

  • Pueden solicitarla todas aquellas personas que se encuentran interesadas en la misma, como familiares o sujetos que posean derechos ejercitables contra el ausente o dependientes de su muerte, así como el Ministerio Fiscal.
  • Están obligadas a promoverla e instarla el cónyuge (siempre que no se encuentre legalmente separado), todos los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y el Ministerio Fiscal, de oficio o en virtud de una denuncia.

Por otro lado, mientras se sustancia el procedimiento, el cónyuge mayor de edad no separado o, de no existir, el pariente mayor de edad más próximo hasta el cuarto grado podrá ser nombrado por el Secretario Judicial como defensor del ausente en todos aquellos asuntos imposibles de posponer. Si el desaparecido no tiene familiar alguno que pueda ocupar este cargo, el Secretario Judicial nombrará un defensor, previa audiencia del Ministerio Fiscal, que deberá reunir los requisitos de solvencia y buenos antecedentes.

Declarada la persona ausente, se le nombrará un representante, que deberá representarle, así como proteger y administrar sus bienes. El representante estará obligado a realizar un inventario de los bienes muebles, presentar una garantía, defender y conservar el patrimonio y ajustarse a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el caso de que el representante sea el cónyuge, descendiente o ascendiente del ausente, podrá disfrutar de la posesión temporal del patrimonio y hacer suyos los productos líquidos en cuantía determinada por el Secretario Judicial, respetando las obligaciones patrimoniales del ausente. Los hermanos también podrán disfrutar de lo citado, pero siempre y cuando la cuantía sea inferior a dos tercios de los productos líquidos.

Los representantes no podrán vender, gravar, hipotecar ni dar en prenda los bienes, salvo que exista una necesidad o utilidad evidente, debiendo obtener autorización del Secretario Judicial.

Si se demuestra el fallecimiento del desaparecido, se producirá la apertura de su sucesión, debiendo entregarles el poseedor temporal el patrimonio, salvo los frutos en la cuantía que hubiere sido señalada.

Y, ¿qué ocurre si el desaparecido regresa? En este caso, se restituirían sus bienes, con la excepción de los frutos obtenidos pro el representante, salvo que haya mediado mala fe por parte de este.

La declaración de fallecimiento

Esta declaración se encuentra regulada también en el Código Civil, ocupándose de la misma sus artículos 193 a 197. Se trata de una resolución judicial que declara la muerte de una persona que se encuentra desaparecida.

Aunque la declaración de fallecimiento podría parecer la continuación lógica de la declaración de ausencia, lo cierto es que esta última no es requisito previo de la declaración de fallecimiento. Es decir, se puede solicitar esta directamente. La declaración de fallecimiento supone la finalización de la ausencia, en caso de haber sido declarada anteriormente, aunque solo producirá efectos la muerte desde el momento en que se estableció la declaración de fallecimiento, salvo que se llegue a una conclusión contraria en la preceptiva investigación.

Los plazos, en este caso, son mucho más amplios. Se tratará de diez años desde las últimas noticias del desaparecido, por regla general, aunque se reducirá a cinco si, para esa fecha, el desaparecido hubiera cumplido ya los 75 años.

Para casos especiales, los plazos son más reducidos. En primer lugar, si la desaparición se produjo después de una situación de violencia con riesgo inminente de muerte, el plazo será de un año contado desde el día en que se produjo la citada situación. En segundo lugar, si lo que se ha producido es un siniestro, el plazo será de tres meses. Por último, si la desaparición tuvo lugar en medio de una sublevación política o social, el plazo será de seis meses.

Además, hay otra serie de supuestos especiales, recogidos en el artículo 194 del Código Civil, que varían los plazos, como la pertenencia del desaparecido a un contingente armado o la desaparición producida tras un accidente de avión o el naufragio de una nave.

Como es lógico, la declaración de fallecimiento supone la apertura de la sucesión, pero con ciertas situaciones especiales:

  • Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta transcurridos cinco años.
  • Los legados no podrán ser entregados ni exigidos hasta transcurridos cinco años, con la excepción de las mandas piadosas en sufragio del alma del testador o legados otorgados a instituciones de beneficencia.
  • Los sucesores deberán realizar notarialmente inventario de bienes muebles y descripción de inmuebles.

Si la persona declarada como fallecida se demostrara viva, tendrá derecho a recibir sus bienes en el estado en que se encuentren y a percibir el precio de lo vendido. Ahora bien, no podrá exigir las rentas, frutos ni productos que se hayan obtenido durante el periodo de tiempo en el que se le dio por fallecido.

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