Grabaciones y mensajes: ¿Cuándo pueden aceptarse como prueba en un juicio?

grabaciones

En la actualidad, todo el mundo posee un dispositivo móvil con capacidades otrora inimaginables, como la posibilidad de realizar grabaciones de voz en la práctica totalidad de lugares y momentos. Por eso, es normal que muchas personas se pregunten acerca de la admisibilidad o no de una grabación en un proceso judicial. Una cuestión que no es sencilla y a la que no se puede dar una respuesta tajante.

Por ejemplo, un trabajador que se ve constantemente amenazado por su superior podría verse tentado a utilizar su dispositivo móvil para captar subrepticiamente algunas de sus tensas conversaciones, con la intención de comenzar un proceso laboral contra su jefe. ¿Podría llevar a cabo su plan?

Lo cierto es que, por regla general, las grabaciones sí que pueden admitirse en los procedimientos judiciales. Ahora bien, no siempre y no bajo todas las condiciones. En todo caso, se deberán respetar los derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución Española, especialmente aquellos que se ven reflejados en el artículo 18: el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones. Aunque también tendríamos que tener en consideración el derecho a no confesarse culpable y el derecho a la presunción de inocencia. Pero ningún derecho es absoluto. Tampoco estos.

El primer derecho que vamos a analizar es el derecho al secreto de las comunicaciones. En este caso, tendremos que distinguir dos tipos de grabaciones, que serán las que determinen la admisibilidad o no de la prueba.

En primer lugar, están aquellas grabaciones en las que el sujeto que está grabando la conversación es parte interlocutora. Es decir, el jefe y el empleado están conversando, y el empleado decide grabar la conversación para utilizarla posteriormente como prueba. En este caso, sería totalmente irrelevante que el empleado hubiera obtenido o no el consentimiento del superior. Es válida porque está siendo parte de la conversación.

Tan solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están autorizadas a “pinchar” los teléfonos de determinados individuos y que las conversaciones captadas sean válidas. Y no pueden hacerlo siempre y en todo caso, precisarán de una autorización judicial que dependerá del caso del que se ocupen.

Cosa muy distinta ocurre con aquellas conversaciones que son captadas por un tercero que no está formando parte de la misma. Es decir, el empleado decide, por ejemplo, poner un micro en la mesa de su superior para “ver qué consigue sacar”. En este caso, la grabación vulneraría el derecho al secreto en las comunicaciones y, por lo tanto, no podría ser admitida como prueba en ningún proceso.

Por otro lado, ¿qué considera el derecho que queda amparado por la intimidad? El derecho a la intimidad protege la vida personal y familiar de los individuos, por considerar que esta es la esfera más íntima de los ciudadanos. Por tanto, si en la conversación aportada como prueba al juicio el jefe habla exclusivamente de sus problemas familiares, no será aceptada como prueba puesto que se trata de temas íntimos y privados que a nadie más interesan.

En cambio, si en la conversación se tratasen tan solo cuestiones de índole laboral, la grabación no se consideraría como una vulneración al derecho a la intimidad, puesto que versaría sobre una esfera pública que no está protegida por el derecho a la intimidad.

Hay que señalar que, si el individuo grabado prestó su consentimiento para la grabación, ésta se admitiría en todo caso, incluso aunque se tratasen temas protegidos por el derecho a la intimidad.

En cuanto al derecho a no confesarse culpable y el derecho a la presunción de inocencia, estos protegen a aquellos individuos que realizan en una grabación algún tipo de autoinculpación de un hecho o hechos delictivos.

Este derecho supone que dicha grabación no tenga la misma validez legal que una confesión. Pero sí que se considerará suficiente para inicial la actividad de la justicia penal, es decir, una notitia criminis. Lo mismo ocurrirá si la grabación ha sido obtenida a la fuerza o por engaño por un particular para conseguir la confesión.

Todo lo anteriormente expuesto es de igual aplicación a otras vías de comunicación que, con los cambios experimentados en la tecnología actual, se han vuelto casi más comunes que las conversaciones telefónicas o “cara a cara”. Por ejemplo, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería instantánea que, a día de hoy, acumulan un amplio porcentaje de las comunicaciones que se dan entre dos personas. En este caso, se considera que el consentimiento se encuentra implícito, puesto que se está mandando un mensaje escrito a un tercero.

Pero hay que tener en cuenta que, para que realmente todas las pruebas obtenidas con validez puedan tenerse en consideración, debe demostrarse que no están manipuladas. Por ello, siempre es conveniente acompañar las grabaciones de un informe pericial que destierre toda sombra de duda sobre alteración de la misma, además de una transcripción. Igualmente, cuando se trata de un mensaje o de un correo electrónico, habrá que probar suficientemente que el acusado posee la dirección de correo o el número de teléfono del que provienen los mensajes.

Si tienes cualquier duda legal, puedes hacérnosla llegar totalmente sin compromiso, contactando directamente con nosotros en el 91 049 04 27, mediante email info@ferrerosagasta.com o inclusive de forma física solicitando Cita Previa en nuestro despacho situado en Madrid, Calle Hernani, Número 8, Primera Planta.

En Ferrero Sagasta Abogados hacemos fácil, lo más difícil.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *