¿En qué se basan los delitos privados?

por | Penal

         La reforma introducida en el año 2015 modificó aspectos importantes que estaban bien asentados en nuestro Ordenamiento Jurídico. La eliminación de las faltas y la clasificación de los delitos en leves, menos graves y graves fueron unas de las reformas más destacadas y que más trastocaron el propio procedimiento penal.

         Aunque la mayoría de los ciudadanos conciben la jurisdicción penal como algo público, perseguible en todo caso tanto por las propias personas que tengan constancia de un hecho delictivo, así como por parte del Estado, a través del Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cierto es que no todas las conductas delictivas tipificadas en el Código Penal cumplen con estas características.

         Los delitos privados, quizás desconocidos por parte de la población, son una excepción a lo descrito en el párrafo anterior. Para que se inicie un procedimiento penal por un delito privado es necesario siempre que sea el propio agraviado el que lo empiece.

         Actualmente, solo se consideran delitos privados los siguientes: las calumnias y las injurias contra particulares (ambos delitos regulados en el Título XI del Código Penal). En ambos casos es imprescindible que se presente querella por parte de la víctima. El Ministerio Fiscal no es parte en estos procedimientos penales, no interviene en ningún caso.

         El hecho de que no se persone el Ministerio Fiscal a lo largo del procedimiento y la necesaria interposición de querella, hacen que los delitos privados tengan características propias que les hagan diferenciarse tanto de los delitos semipúblicos como los públicos.

         Por lo tanto, cualquier víctima de un delito de calumnia o injuria, deberá interponer querella (cumpliendo con todos los requisitos que de esta figura jurídica se exige, encabezada por abogado y procurador) para que así se ponga en funcionamiento todo el entramado del proceso penal.

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