¿Qué es la competencia desleal y la defensa de la competencia?

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El Derecho Mercantil parece algo lejano a los ciudadanos de a pie, que nada tiene que ver con su actividad diaria. Sin embargo hay aspectos de esta rama que es preciso que sean conocidos. La competencia desleal es uno de los conceptos que más se debería tener presente.

La competencia desleal

La buena fe es el principio básico y más elemental que debe regir en cualquier negocio jurídico. Más aún, si se pretende tener un libre mercado en el que cada empresario que participe lo haga en condiciones de plena igualdad.

Parece imposible conseguir que un mercado se rija por la competencia leal. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal regula los actos considerados desleales, así como las acciones que se pueden interponer. Esto es fundamental, puesto que el empresario va a poder reclamar la mala fe de la otra parte, ya sea por un vínculo contractual o extracontractual.

La finalidad manifiesta de este texto legal es que todos aquellos que participen en el mercado lo hagan siempre bajo las mismas condiciones. Se castiga aquellas acciones que supongan contradecir la buena fe. No se pretende una igualdad absoluta, sino que todos tengan a su disposición las mismas armas para defender sus intereses.

En definitiva, se pretende que el mejor rendimiento de una empresa o sociedad que otras sea por el libre juego de la oferta y la demanda. Se castiga cualquier actividad que deshonestamente pretenda perjudicar a un competidor.

La defensa de la competencia

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia tiene como finalidad evitar los monopolios, así como acuerdos entre empresas que falseen el mercado.

A diferencia de la ley descrita en el anterior apartado, en este caso se trata de un aspecto mucho más genérico. Es el Estado el que fija las conductas que se entienden en contra del propio Artículo 38 de la Constitución. Así la Carta Magna expresa lo siguiente:

         “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

Todo lo aquí estipulado es lo que se pretende regular a través de la defensa de la competencia. De este modo se asegura que no haya ningún monopolio que rija en el mercado. Así mismo, se evita que grandes empresas que controlen una parte significativa del mercado puedan acordar pactar el precio de un producto o servicio concreto.

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