Los antecedentes penales: ¿Qué son y cuándo se extinguen?

por | Penal

Las sentencias que condenan a una persona determinada por la comisión de alguno de los delitos que se encuentran tipificados en nuestro Código Penal conllevan la inscripción de un antecedente penal. Es decir, los antecedentes penales son, simplemente, la constatación oficial de que dicha persona ha cometido un delito.

En primer lugar, cabe señalar que tan solo supondrá antecedente penal aquella condena que haya adquirido firmeza, es decir, contra las que no cabe ya ningún tipo de recurso, bien porque se ha llegado hasta la última instancia posible para recurrir o porque no se interpuso el recurso en los plazos y en la forma requeridos.

Por lo tanto, todas las sentencias condenatorias firmes deben ser comunicadas al Registro Central de Penados y Rebeldes, encargado de la inscripción de los antecedentes. Una vez que se realiza la citada inscripción, figurará tanto la persona que ha sido condenada por el delito como el tipo de pena impuesta y su duración. El Registro forma parte del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, integrado en el Ministerio de Justicia.

Hay que tener en cuenta que estas inscripciones no son públicas, tal y como asevera el artículo 136 del Código Penal. Por lo tanto, tan solo podrá acceder a las mismas el interesado, además de los órganos oficiales que lo hayan justificado de forma adecuada.

A este respecto es importante mencionar que las antiguas faltas no generaban antecedentes penales. Pero, tras la reforma efectuada en el Código Penal por la Ley 1/2015, dichas faltas se eliminaron. Los delitos leves (que en ocasiones han sustituido a las mismas) sí los generan.

Respecto a la cancelación de estos antecedentes, el ya citado artículo 136 otorga un plazo distinto según el tipo de pena: leves, menos graves y graves. Además, hay que tener en cuenta que el sujeto no podrá cometer ningún tipo de delito en el plazo indicado para que la cancelación tenga lugar.

  1. Para penas leves, los antecedentes se cancelan en seis meses. Son penas leves, entre otras, la privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores de tres meses a un año, la inhabilitación especial para ejercer profesión, comercio u oficio relacionado con animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año, los trabajos en beneficio de la comunidad entre uno y treinta días y las multas inferiores a tres meses.
  2. Para penas menos graves inferiores a doce meses y los delitos imprudentes, el plazo de cancelación es de dos años.
  3. Para el resto de penas menos graves que sean iguales o superiores a los tres años, el plazo de cancelación será de dos años.
  4. Finalmente, el plazo de cancelación para las penas graves es de diez años. Se encuentran entre estas la prisión superior a cinco años, las inhabilitaciones absolutas, la privación de residir en determinado lugar o acudir a los mismos por plazo superior a ocho años, la prisión permanente revisable o la privación de la patria potestad.

Pero es obvio que, si interesa la cancelación de estos antecedentes, es porque tienen efectos sobre la persona que los mantiene. ¿Cuáles son algunos de estos efectos?

  • Es uno de los factores que el Juez puede tener en cuenta para decidir, una vez que ha tenido noticia de la comisión de un delito, estando detenido el presunto culpable, si puede permanecer en libertad o se debe decretar la prisión provisional.
  • Consideración como «reo habitual» lo que supone mayores trabas para acceder a beneficios penitenciarios. Se consideran «reos habituales»  aquellos que han cometido tres o más delitos del mismo capítulo del Código Penal en el plazo inferior a cinco años.
  • El agravante de reincidencia del artículo 22 del Código Penal tiene en cuenta aquellos delitos de la misma naturaleza que los antecedentes, incluyendo condenas firmes dictadas en alguno de los restantes países miembros de la Unión Europea.
  • Imposibilidad de acceder a algún tipo de puesto en la Administración pública, independientemente de su ámbito. Por ello, para ser partícipe en oposiciones o contrataciones públicas se requiere la hoja de antecedentes penales.

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