Comprar o vender una vivienda es una de las operaciones económicas más importantes que una persona puede realizar. Por ello, es habitual preguntarse si conviene contratar una inmobiliaria, acudir a un abogado especializado en Derecho Inmobiliario o contar con ambos profesionales.
La respuesta depende de las necesidades de cada operación, del presupuesto disponible y, especialmente, de su complejidad. Una inmobiliaria y un abogado inmobiliario realizan funciones diferentes y, cuando trabajan conjuntamente, ofrecen una cobertura mucho más completa.
¿Qué aporta una inmobiliaria a la compraventa?
Una buena agencia inmobiliaria puede resultar de gran ayuda en la parte comercial de la operación. Entre sus funciones habituales se encuentran:
- Valorar el inmueble y analizar el mercado.
- Preparar y promocionar el anuncio.
- Organizar visitas.
- Localizar posibles compradores o viviendas disponibles.
- Facilitar la negociación entre las partes.
- Coordinar a los distintos profesionales que intervienen.
En el caso del vendedor, la inmobiliaria puede ahorrar mucho tiempo y facilitar la localización de un comprador. Para quien desea adquirir una vivienda, puede ayudar a encontrar inmuebles que se ajusten a sus necesidades y presupuesto.
Su conocimiento del mercado y su capacidad de intermediación resultan, por tanto, especialmente valiosos.
¿Qué aporta un abogado especializado en Derecho Inmobiliario?
El abogado inmobiliario no se ocupa principalmente de encontrar una vivienda o un comprador. Su función esencial es proteger los intereses jurídicos y económicos de su cliente durante toda la operación.
Su intervención debe comenzar antes de firmar una reserva, entregar cualquier cantidad o suscribir un contrato de arras. El abogado analiza la situación jurídica del inmueble, revisa la documentación, detecta posibles riesgos y redacta o negocia las condiciones de la compraventa conforme a las circunstancias concretas.
No se limita a comprobar que exista una nota simple. Una compraventa puede verse afectada por cargas, limitaciones, arrendamientos, discrepancias registrales o catastrales, deudas, cuestiones urbanísticas, condiciones de financiación, plazos inadecuados o cláusulas que atribuyan a una de las partes riesgos que no debería asumir.
Una redacción aparentemente sencilla puede tener consecuencias económicas muy importantes. Por ello, utilizar un modelo genérico o firmar un documento sin una revisión jurídica individualizada puede generar problemas difíciles de solucionar posteriormente.
¿Tienen siempre los mismos intereses la inmobiliaria y el cliente?
No necesariamente, aunque esto no implica que exista falta de profesionalidad.
La remuneración de una inmobiliaria suele estar vinculada a que la operación llegue a formalizarse. Además, algunas agencias ofrecen al cliente servicios complementarios, como la intermediación financiera, seguros o productos gestionados por entidades colaboradoras.
Estos servicios pueden resultar útiles, pero es importante conocer las condiciones aplicables, comprobar si existen comisiones y valorar con libertad todas las alternativas disponibles.
El abogado, por su parte, tiene como función defender exclusivamente los intereses de su cliente. Esto significa que debe aconsejarle continuar, renegociar o incluso desistir de la operación cuando detecte un riesgo que no resulte asumible.
La diferencia no está en que un profesional sea mejor que otro, sino en la función que cada uno desempeña y en los intereses que debe proteger.
¿Cuándo resulta especialmente importante acudir a un abogado?
El asesoramiento jurídico cobra todavía más importancia cuando la operación presenta alguna particularidad: inmuebles arrendados u ocupados, viviendas heredadas, varios propietarios, cargas pendientes, discrepancias en la descripción del inmueble, obras no regularizadas, compraventas condicionadas a financiación o plazos y condiciones especiales.
En estas situaciones, la tramitación puede exceder la función propia de la intermediación inmobiliaria. Un error en los plazos, en el contrato de arras o en la identificación de las obligaciones pendientes puede afectar directamente al resultado de la compraventa.
La agencia inmobiliaria no debería tener que resolver por sí sola cuestiones jurídicas complejas. La coordinación con un abogado especializado permite anticipar los problemas y establecer una estrategia adecuada antes de que las partes queden vinculadas.
¿Es mejor contratar una inmobiliaria y un abogado?
Siempre que sea posible, esta es la opción más completa.
La inmobiliaria puede encargarse de la comercialización, las visitas y la intermediación, mientras que el abogado revisa la situación jurídica del inmueble, negocia los contratos y protege al cliente hasta la firma de la escritura.
Sus funciones no se duplican, sino que se complementan. La intervención conjunta permite abordar tanto la vertiente comercial como la jurídica de la compraventa y aporta una mayor seguridad a compradores y vendedores.
¿Y si el presupuesto no permite contratar ambos servicios?
En ese caso es necesario analizar las circunstancias y decidir qué necesidad resulta prioritaria.
Si el vendedor necesita encontrar comprador, promocionar el inmueble y gestionar las visitas, la inmobiliaria puede ofrecerle un servicio especialmente útil. Si ya existe un comprador o el adquirente ya ha localizado la vivienda, puede ser más importante destinar el presupuesto a la revisión jurídica de la operación.
Cuando existen dudas, documentos pendientes, condiciones especiales o cualquier elemento de complejidad, debe priorizarse el asesoramiento de un abogado inmobiliario.
En todo caso, aunque se haya contratado una inmobiliaria, resulta recomendable que un abogado independiente revise la documentación antes de firmar una reserva o un contrato de arras. El coste de una revisión preventiva suele ser muy inferior al perjuicio que puede ocasionar una cláusula inadecuada o una operación planteada incorrectamente.
Abogados especializados en compraventas inmobiliarias
En Ferrero Sagasta Abogados contamos con más de quince años de experiencia en Derecho Inmobiliario y más de 4.000 expedientes gestionados.
Asesoramos a compradores y vendedores en toda España, tanto en operaciones particulares como en compraventas de mayor complejidad. Revisamos la situación jurídica del inmueble, redactamos y negociamos contratos, coordinamos la operación con inmobiliarias, entidades financieras y notarías y acompañamos al cliente hasta su completa formalización.
Podemos intervenir en toda la compraventa o realizar una revisión jurídica concreta, adaptando el servicio a las necesidades y al presupuesto del cliente.
Antes de firmar una reserva, entregar dinero o aceptar unas arras, contacta con nuestro equipo. Una revisión a tiempo puede evitar un problema mucho mayor.
En Ferrero Sagasta Abogados hacemos fácil, lo más difícil