Ferrero Sagasta Abogados ha obtenido una sentencia favorable de la Audiencia Provincial de Castellón que revoca la resolución dictada en primera instancia y estima íntegramente una demanda de desahucio por precario.
La sentencia, dictada en junio de 2026, condenó a los ocupantes a desalojar la vivienda y dejarla libre, vacua y a disposición de nuestra representada, con apercibimiento de lanzamiento si no la entregaban voluntariamente.
El asunto presentaba una especial dificultad, puesto que los ocupantes invocaban como título para permanecer en el inmueble una antigua resolución que había suspendido su lanzamiento tras un procedimiento de ejecución hipotecaria.
Antiguos propietarios que continuaban ocupando la vivienda
Nuestra representada había adquirido el inmueble mediante compraventa en el año 2021.
La vivienda continuaba ocupada por quienes habían sido sus anteriores propietarios, que habían perdido la titularidad como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria.
Al presentar la demanda de desahucio por precario acreditamos la propiedad mediante la correspondiente documentación registral y sostuvimos que los ocupantes permanecían en el inmueble sin un título vigente que legitimase su posesión.
Los demandados se opusieron alegando que en diciembre de 2020 se había dictado una resolución judicial que suspendía su lanzamiento al amparo de la Ley 1/2013, destinada a proteger a determinados deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad.
Defendían que las posteriores ampliaciones legales de la moratoria habían prorrogado automáticamente aquella suspensión hasta mayo de 2028 y que, por tanto, conservaban un título suficiente para continuar en la vivienda.
La demanda fue desestimada en primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia aceptó inicialmente la argumentación de los ocupantes.
La sentencia consideró que la suspensión acordada en 2020 se había prorrogado automáticamente como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de la moratoria y que los demandados conservaban un título que impedía estimar el desahucio por precario.
Como consecuencia, la demanda fue desestimada y nuestra representada fue además condenada al pago de las costas de primera instancia.
Desde Ferrero Sagasta Abogados entendimos que esa interpretación no se ajustaba a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, por lo que interpusimos recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón.
La prórroga de la suspensión no era automática
En el recurso defendimos que la ampliación legal del periodo durante el que podía solicitarse la protección no suponía que todas las suspensiones anteriormente concedidas quedasen prorrogadas automáticamente.
Los ocupantes debían haber solicitado nuevamente la extensión de la medida y acreditar que continuaban cumpliendo los requisitos exigidos.
Al no haberlo hecho, los efectos de la suspensión acordada en 2020 habían finalizado el 15 de mayo de 2024. Cuando se presentó la nueva demanda en junio de 2025, los demandados ya no disponían de un título judicial vigente que amparase su permanencia en el inmueble.
También defendimos que nuestra representada era una tercera adquirente de buena fe, ajena al procedimiento de ejecución hipotecaria.
No se trataba del acreedor que había promovido la ejecución ni de la entidad que se había adjudicado originalmente la vivienda, sino de una sociedad que había adquirido posteriormente el inmueble mediante una compraventa independiente.
Esta circunstancia permitía acudir al procedimiento de desahucio por precario para recuperar la posesión frente a quienes permanecían en la vivienda sin un título válido.
La Audiencia Provincial estima nuestro recurso
La Audiencia Provincial de Castellón acogió nuestros argumentos y concluyó que la prórroga de la suspensión de lanzamientos no operaba automáticamente.
La Sala declaró que, cuando se interpuso la nueva demanda, los efectos de la resolución de 2020 ya habían finalizado y los ocupantes no habían solicitado una nueva prórroga.
Por tanto, carecían de justo título para continuar en la vivienda.
La sentencia también reconoció que:
- Nuestra representada había acreditado debidamente su propiedad.
- Los demandados ocupaban el inmueble sin abonar renta.
- La antigua suspensión del lanzamiento ya no se encontraba vigente.
- La sociedad propietaria era una tercera adquirente ajena a la ejecución hipotecaria.
- El procedimiento de desahucio por precario era la vía adecuada para recuperar la posesión.
Como consecuencia, la Audiencia:
- Estimó nuestro recurso de apelación.
- Revocó la sentencia dictada en primera instancia.
- Estimó íntegramente la demanda de desahucio por precario.
- Condenó a los ocupantes a desalojar la vivienda.
- Acordó el lanzamiento si no se producía una entrega voluntaria.
- Ordenó devolver el depósito constituido para recurrir.
La Sala no efectuó especial condena en costas al apreciar que la redacción de la antigua resolución de suspensión podía haber generado dudas jurídicas.
Una moratoria no concede un derecho permanente sobre la vivienda
La suspensión de un lanzamiento es una medida temporal y excepcional. No convierte al ocupante en propietario, arrendatario ni titular de un derecho indefinido a permanecer en el inmueble.
Para determinar si la protección continúa vigente es necesario estudiar:
- La resolución que acordó inicialmente la suspensión.
- La normativa aplicable en cada momento.
- La fecha en que finalizaban sus efectos.
- Si se solicitó expresamente una prórroga.
- Si continúan cumpliéndose los requisitos de vulnerabilidad.
- Quién adquirió posteriormente la vivienda.
- Si el nuevo propietario está vinculado o no con el acreedor hipotecario.
- La vía procesal adecuada para recuperar la posesión.
Este asunto demuestra que una sentencia desfavorable en primera instancia no siempre pone fin al procedimiento. Cuando la resolución parte de una interpretación jurídica incorrecta, el recurso de apelación puede resultar decisivo para proteger el derecho del propietario.
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El resultado de este asunto responde a sus circunstancias y pruebas concretas y no garantiza un resultado idéntico en otros procedimientos.
